Provincia

CSIF denuncia el colapso judicial en la provincia tras implantar el nuevo modelo organizativo

El sindicato alerta de desajustes, falta de personal y deterioro del servicio público en Ciudad Real

La Voz | Viernes, 24 de Abril del 2026
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este 24 de abril la preocupante situación de los Tribunales y Oficinas Judiciales de la provincia de Ciudad Real tras la implantación del Nuevo Modelo Organizativo (NUMO), reclamando al Ministerio de Justicia medidas urgentes y mayor financiación para corregir las deficiencias detectadas.

Según el comunicado remitido por el sindicato, los trabajadores se enfrentan a diario a desajustes organizativos, falta de personal, secciones sobrecargadas, disparidad de criterios y formación insuficiente, problemas agravados por la introducción de nuevas aplicaciones informáticas y una financiación que califican de estructuralmente insuficiente. Esta situación, subrayan, está ralentizando la productividad y empeorando la calidad del servicio público.

Implantación con falta de previsión

Desde CSIF recuerdan que el NUMO, derivado de la Ley de Eficiencia Procesal, supone una transformación profunda del sistema judicial. Sin embargo, critican que su puesta en marcha se ha realizado con falta de previsión, tiempo y recursos, lo que ha desembocado en una situación que califican de “caótica”.

El responsable provincial de CSIF Justicia, Alfonso Sánchez, ha señalado que estos problemas son visibles en todos los Tribunales de Instancia, especialmente en localidades como Tomelloso, Puertollano, Alcázar de San Juan y Valdepeñas, además de en numerosas Oficinas Judiciales Municipales.

Impacto laboral y exigencias

El sindicato advierte de que la situación afecta a todos los cuerpos profesionales —gestores, tramitadores, auxilios, letrados y jueces—, generando bajas laborales, tensión entre operadores jurídicos y una creciente desmotivación e incertidumbre, con el consiguiente deterioro del clima laboral.

Por ello, CSIF insiste en la necesidad de adoptar medidas eficaces que permitan una transición ordenada al nuevo modelo, incluyendo la homogeneización de criterios, el desarrollo de protocolos de actuación y la puesta en marcha de un programa de formación adecuado, acompañado de una financiación suficiente que garantice una mejora real del servicio público de Justicia.

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